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Estos son los delitos electorales más comunes en México
Bien Legal | 18/05/2022 | Gelmin González
Este año más de 11 millones de mexicanos votarán en las elecciones gubernamentales de sus entidades. Autoridades de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas han informado las medidas para prevenir y denunciar delitos electorales.
Una persona que hace u omite alguna practica que impide que el voto sea libre, secreto, personal e intransferible, está cometiendo un delito electoral, esta práctica es más común de lo que se imagina y puede ser sancionada de distintas maneras.
Hacer uso de bienes y servicios públicos en campaña, condicionar el acceso a programas sociales, comprar votos, impedir el acceso a las casillas o agredir física o verbalmente a candidatos o a civiles, son algunos de los delitos electorales más frecuentes, estos pueden ser cometidos por candidatos, ciudadanos, funcionarios de casillas o servidores públicos.
Los tiempos para cometer estos delitos no son exactos, pueden ser antes, durante o después de la elección. De acuerdo con cifras nacionales dadas a conocer por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) en las elecciones federales del 2018 se registró una cantidad histórica de anomalías, en el periodo de enero a diciembre de ese año se iniciaron mil 369 carpetas de investigación por posibles delitos en materia electoral.
Ante este fenómeno es importante aclarar que cualquier actividad sospechosa puede y debe ser denunciada ante la FEDE a través de su sitio web o vía telefónica. Esta institución puede hacer alianzas con la Policía Municipal o Estatal, la Fiscalía del Estado o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todo esto con la intención de hacer una investigación acertada y de calidad.
Se debe de tomar en cuenta que ante cualquier denuncia es necesario tener claro los datos y las pruebas correspondientes. La fecha, hora, lugar, involucrados, fotos y videos, serán vitales para que las autoridades puedan comenzar a trabajar con la información obtenida.
Los delitos electorales son sancionados con multas económicas, prisión de tres meses a diez años, o en caso de ser funcionarios públicos se castiga con la destitución de su cargo.